Una comisión de investigación creada en 2011 detecta defectos de forma por parte del anterior Grupo de Gobierno en el contrato de construcción de la rotonda de la C-112 y en el pago del anteproyecto de la residencia de mayores. El PP presenta alegaciones a esas conclusiones que se expondrán en el Pleno del lunes y asegura que se actuó «como se tenía que actuar en defensa de los intereses municipales”, que los precios estuvieron «ajustados al mercado» y que no se produjo ningún «enriquecimiento injusto».

másMedina.— Hoy se ha producido un nuevo rifirrafe entre el Grupo de Gobierno de Medina del Campo (PSOE) y la Oposición (PP), por causa de presuntas irregularidades en obras del anterior Ejecutivo local del Partido Popular. Se trata de defectos de forma en dos procedimientos que, según los populares, se realizaron «de la mejor forma para los intereses municipales», cuyos precios fueron «conforme al mercado» y que no produjeron ningún «enriquecimiento injusto».

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Medina del Campo, Germán Sáez, ha expuesto esta mañana las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación que se creó por acuerdo de Pleno en diciembre de 2011, en unas fechas en las que la villa vivía aún un clima postelectoral y las riendas del Ayuntamiento acababan de mudar de siglas. El informe expone que se produjeron irregularidades en la adjudicación de las obras construcción de la rotonda de la C-112 (carretera de Olmedo) y en el pago de 18.000 euros por el anteproyecto de la Residencia de la Mayores de la localidad.

Las conclusiones de la comisión se llevarán a la sesión plenaria del próximo lunes, y si éstas son aprobadas se producirá, “un reproche por parte del Pleno municipal» en forma de reprobación. El Grupo de Gobierno pide la renuncia al acta de concejal de los dos ediles que participaron en su día en tales actuaciones: Crescencio Martín Pascual, como ex alcalde y Javier Rodríguez Herranz, que en su día fue el titular de Urbanismo. La Comisión solicita la autorización del Pleno para enviar el documento a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valladolid, por si los hechos relatados fueran constitutivos de una infracción penal.

El Grupo Popular ha presentado alegaciones a las conclusiones de la Comisión. A juicio de la Oposición, de la lectura de dichas conclusiones «se desprende que, siendo cierta la defectuosa tramitación administrativa (…) todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo por los responsables políticos intervinientes en este asunto, venían avaladas por la previa intervención, por acción o por omisión, de los técnicos municipales, que siendo conocedores de que se estaba ejecutando una obra municipal por una empresa sin el respaldo del preceptivo contrato de adjudicación de obras, en ningún momento advirtieron de tal circunstancia ni a los concejales ni al Alcalde».

«Igualmente resulta tendencioso afirmar —continúa diciendo el documento de alegaciones—, como se hace en el apartado VII de las conclusiones, que ‘La inexistencia de contrato no impide que por el concejal de urbanismo Sr. Rodríguez Herranz se firme un acta de recepción de la obra’, cuando es de sobra conocido y consta en la documentación que obra en el expediente administrativo que previamente a que el concejal estampara su firma en el documento, lo habían hecho los técnicos, entre otros el Arquitecto Técnico Municipal, D. José Rivas Hernandez, y el Director de obras D. Julián Alonso Chillón, lo que en principio parecía avalar la conformidad de dicha recepción de las obras».

En cuanto al pago de 18.000 euros efectuados a la empresa Arquitectura Base Europa S.L.P por la elaboración de un anteproyecto para la ejecución de la obra de la residencia para personas mayores, el Grupo Popular asegura: «En prueba de que la actuación municipal fue correcta en este caso basta con acudir al informe del Secretario del Ayuntamiento, emitido en contestación a la solicitud realizada por la Comisión Especial de Investigación, quien en uno de sus párrafos llega a afirmar: “…se actuó como se tenía que actuar en defensa de los intereses municipales”.

El escrito de alegaciones concluye: «El Grupo Municipal Popular comprende, pero no justifica, la creación de esta comisión desde el punto de vista político, sobre todo cuando el tema de la rotonda ya se encuentra en sede judicial como consecuencia de la denuncia formulada en su momento en el Juzgado de Medina del Campo por un Concejal del Grupo Socialista y en estos momentos esta a la espera de resolución, una vez investigada por el Juez correspondiente de dicho Juzgado».

Puede descargar el documento de alegaciones haciendo click en este link: Alegaciones a las conclusiones Comisión Informativa