La alcaldesa autorizó un cheque al portador por 15.282 euros para que su secretario comprara en metálico los vehículos destinados al control de los encierros y obras municipales.

másMedina.— El Grupo Municipal de Izquierda Unida en Medina del Campo denunció el pasado viernes irregularidades en el cumplimiento de la Ley Antifraude Fiscal 7/2012 por parte del grupo de Gobierno de la socialista Teresa López. La vulneración de la norma se habría producido al autorizar la primera edil un cheque al portador para que su secretario, Antonio San José (a la vez secretario de Organización de PCAL-CI, partido que gobierna la villa en coalición con el PSOE), pagara tres vehículos todoterreno usados al contado. El artículo 7.1 de la citada Ley prohíbe hacer pagos en efectivo superiores a 2.500 euros.

Izquierda Unida presentó asimismo un recurso de reposición en Alcaldía “para la suspensión de la ejecución del acto impugnado, que se restaure la legalidad en los actos administrativos del Ayuntamiento retrotrayendo todo el procedimiento a sus orígenes, o en su defecto, que se denuncie ante la Agencia Estatal de la Administración Tributaria”, para evitar así “la sanción pecuniaria a la que están sujetas estas infracciones administrativas (el 25% del importe de la transacción)”. La fecha del decreto de Alcaldía que autorizó el cheque a nombre de San José es el 20 de agosto de 2013.

Según la versión de la alcaldesa, del propio San José y del concejal de Hacienda, Jesús Hernando, los hechos se produjeron unos días antes de las fiestas patronales de San Antolín, cuando el grupo de Gobierno se percató de que no contaba con vehículos suficientes para realizar un control del desarrollo de los encierros. Los viejos todoterreno estaban tan deteriorados que se habían dado de baja en Tráfico. Además, nuevos vehículos serían convenientes para ser utilizados después de las fiestas en diversas obras.

Así San José y Hernando, con la ayuda del concejal de Turismo, José María Magro, se lanzaron a una rápida búsqueda de vehículos de segunda mano a través de Internet. Después de observar 20 ofertas que cuadraban con sus expectativas, seleccionaron tres de marcas Tata, Nissan y Martorelli. Pertenecían a sendos concesionarios de Burgos, Palencia y Valladolid.

“No queríamos pagar un vehículo antes de saber en qué condiciones estaba”, explicó el viernes el secretario de Alcaldía. “Teníamos que comprobarlo, y por eso sacamos antes el dinero para verlo, abonarlo y hacer después la correspondiente transferencia [de titularidad] en Tráfico”.

San José —con los 15.282 euros del cheque de la alcaldesa en el bolsillo—, Hernando, Magro y dos de los cuatro conductores del personal del Ayuntamiento tomaron rumbo a Burgos y comenzaron la ronda. Fueron a cada establecimiento, vieron, juzgaron favorablemente, pagaron en metálico “con la correspondiente factura”, señala San José, y se llevaron los todoterreno en el momento: uno lo condujo Hernando, otro San José y otro se desplazó a manos de uno de los funcionarios municipales.

“Todas las adquisiciones, compras y pagos se hacen de acuerdo y siguiendo las directrices de los técnicos”, aseguró la alcaldesa. A su juicio, que es a la vez la valoración de una abogada, los tres abonos en metálico son legales porque están realizados “conforme lo manifestó el interventor”.

Según López, la denuncia de IU “responde a una estrategia para desmarcarse de la acción del PSOE”, puesto que las elecciones municipales “están más cerca”. Pero en el Ayuntamiento de la villa “todo se realiza con criterios de transparencia y eficacia”. En el caso de los todoterreno, “el interventor nos dijo que eso [la Ley Antifraude Fiscal] no era aplicable a las administraciones públicas, pues no tienen dinero negro que blanquear, y en todo caso existen las correspondientes declaraciones de operaciones con terceros”.

Sin embargo, el artículo 7,1 de la Ley establece que no pueden pagarse en efectivo operaciones de más de 2.500 euros “en las que alguna de las partes intervinientes actúe en calidad de empresario o profesional”, sin valorar si la otra parte es una administración o un particular. Los concesionarios de venta de vehículos son empresas.

Este sistema de pago “no es ilegal e irregular en absoluto”, asegura Hernando. “Tiene todas las bendiciones por parte de Intervención y Tesorería. El asiento contable está hecho, y las facturas existen”, apostilló el concejal de Hacienda. “No sólo se han pagado estos vehículos de esta manera, sino también diverso material para Protección Civil cuando [el proveedor] exige pago previo”.