El funcionario respondió a una pregunta formulada por el Grupo Popular en el último Pleno sobre la presunta irregularidad en el abono al contado de los vehículos destinados al seguimiento de los encierros y a obras municipales.

másMedina.— La alcaldesa de la villa, Teresa López, dejó durante el pasado Pleno en manos del interventor municipal, José Antonio Lázaro, la explicación del pago de los tres vehículos todoterreno cuyo abono había sido denunciado por Izquierda Unida el 27 de septiembre. Los coches fueron comprados para seguir los encierros de San Antolín y, una vez terminadas las fiestas, para diversas obras municipales.

Ante una pregunta del Grupo Popular, López cedió la palabra a Lázaro, quién efectuó la explicación que se transcribe más adelante. Al término de la misma, tal y como se puede observar en los tres últimos segundos del vídeo por un breve cruce de miradas, el concejal de Festejos, Jesús Ramón Rodríguez Galván, pareció complacido.

Lázaro no negó que el Ayuntamiento haya podido vulnerar la normativa, pero «si se decidiese por la Agencia Tributaria que hemos cometido una infracción», dijo, el Consistorio ya ha eludido la sanción pecuniaria al avisar a la Administración —presumiblemente antes que los concesionarios implicados— sobre las operaciones realizadas.

Estas fueron las palabras del funcionario durante su intervención:

Una norma también se interpreta atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad que con ella se pretende conseguir. Y si la finalidad de la misma es la de disuadir de la utilización de dinero negro en las relaciones comerciales, difícilmente puede ocurrir en una Administración pública en la cual, independientemente del importe de la operación, no se puede utilizar dinero negro, porque ni tenemos, ni contamos con ello. Se piden facturas, se comunica a la Agencia Tributaria las operaciones que superan los 3.000 euros, etcétera.

No obstante, si la Agencia Tributaria decidiera que hemos cometido una de las infracciones tipificadas, se trata de una infracción de carácter administrativo. Sólo afecta a la forma o al medio elegido para realizar el pago. Ello no supone que la contratacíón no sea plenamente eficaz y válida, no supone que se haya incumplido la normativa sobre contratación pública ni tampoco supone que el pago no tenga plena validez jurídica y eficacia liberatoria.

Como digo, si se decidiese por la Agencia Tributaria que hemos cometido una infracción, la sanción que se encuentra regulada es una sanción pecuniaria: es una multa. Para ello a su vez regula un mecanismo para eludirla, y es anticiparse en la comunicación de dichas operaciones, que es lo que ha hecho el Ayuntamiento: comunicar esas tres operaciones realizadas.